Mexicali, Baja California, como ciudad inclusiva: el caso de la inclusión social de personas migrantes internacionales (2015-2025).

Abstract

INTRODUCCIÓN : La movilidad humana se ha convertido en un tema prioritario de las sociedades contemporáneas, especialmente en los entornos urbanos, donde confluyen diversas expresiones étnicas y culturales con la llegada, tránsito y permanencia de personas migrantes que buscan mejores condiciones de vida, seguridad y protección. Las ciudades se configuran, así como escenarios estratégicos para afrontar los desafíos sociales, económicos y ecológicos del mundo actual (Sassen, 2007a). Desde las teorías de la planeación, las ciencias sociales y el desarrollo sustentable, esta investigación examina la conceptualización de una ciudad fronteriza inclusiva a partir del caso de Mexicali, Baja California. Aunque Mexicali, desde su origen como asentamiento agrícola y ciudad fronteriza, no fue concebida como una ciudad de acogida sino como un punto de tránsito y oportunidad económica temporal, diversas coyunturas sociales, políticas y económicas —nacionales e internacionales— la han convertido de facto en un espacio de asentamiento para múltiples grupos de personas migrantes (González, Gándara y Niño, 2025). A lo largo de su historia, la ciudad ha recibido población proveniente de distintas regiones de México, así como comunidades extranjeras, entre las que destacan grupos originarios de China, Estados Unidos, Centroamérica, Haití, Sudamérica, África y otros continentes. Este carácter fronterizo y estratégico ha configurado progresivamente a Mexicali como un nodo urbano donde convergen dinámicas de movilidad, contención y permanencia. Esta condición la posiciona como un caso relevante para analizar los procesos de inclusión social de personas migrantes desde una perspectiva de sustentabilidad urbana, particularmente porque las condiciones materiales y sociales que enfrentan pueden incidir en sus posibilidades de socialización, pertenencia y participación en la vida urbana, dimensiones vinculadas con la cohesión social (González y Morales, 2024). Las ciudades fronterizas como Mexicali, tradicionalmente concebidas como espacios de tránsito, han comenzado a configurarse como ciudades de acogida, aunque de manera desigual, parcial y todavía conflictiva. Este proceso responde a un cambio estructural en las dinámicas migratorias globales, en las cuales la temporalidad del desplazamiento ha dejado de ser lineal y breve para volverse un proceso fragmentado, prolongado y marcado por pausas. Como muestran Khosravi (2019) y De Genova (2002, 2010), la frontera no solo separa, sino que produce interrupciones del movimiento, tiempos de espera forzada y formas de movilidad suspendida. Mezzadra y Neilson (2017) sostienen que la migración antecede al control, pues son los propios movimientos humanos los que impulsan la reconfiguración de las fronteras, en coincidencia con 9 el argumento de Cordero, Mezzadra y Varela (2019) sobre la autonomía de las migraciones en América Latina. Migración y control fronterizo mantienen, así, una relación dialéctica: las personas se mueven pese a las restricciones y los mecanismos de contención, al intentar inmovilizarlas, terminan generando nuevas trayectorias y formas de permanencia en territorios de acogida como Mexicali. En las últimas décadas, Mexicali ha pasado de ser una ciudad de paso a un lugar donde la estancia se prolonga, se redefine y, en muchos casos, se transforma en residencia más o menos permanente. Políticas migratorias restrictivas como el programa Quédate en México, la aplicación CBP One o el endurecimiento de los procesos de asilo y refugio han convertido a las ciudades fronterizas del norte de México en espacios de contención institucionalizada, lo que obliga a las personas a permanecer, buscar empleo, escolarizar a sus hijas e hijos, rentar vivienda e integrarse en las comunidades donde esperan. Fernández y Lizárraga (2024) conceptualizan estos espacios como ciudades de espera provisional, donde la inmovilidad impuesta se mezcla con estrategias de movilidad cotidiana; lejos de ser meras estaciones temporales, se convierten en escenarios de vida, de lucha y de conformación de nuevas redes. Identificar a Mexicali también como ciudad de acogida no implica la existencia de políticas públicas adecuadas ni de una inclusión plena: esta condición emerge de los nuevos escenarios migratorios y de las prácticas cotidianas de las personas en movilidad, que resignifican el espacio urbano y construyen formas de arraigo aun en contextos adversos. Esta interdependencia opera a distintas escalas. Sassen (2007a, 2007b) plantea que las ciudades funcionan como nodos estratégicos de una economía global, en la que las dinámicas locales se vinculan con circuitos transnacionales de capital, regulación y movilidad, y advierte sobre la coexistencia de sectores altamente tecnificados con economías urbanas dependientes del trabajo precarizado, donde las personas migrantes desempeñan funciones esenciales pero invisibilizadas. En la misma línea, la OECD (2018) sostiene que la integración efectiva requiere un enfoque territorial y de gobernanza multinivel, en el que los gobiernos local, regional y nacional coordinen esfuerzos para asegurar el acceso equitativo a servicios públicos, prevenir la segmentación social y fortalecer el sentido de pertenencia en las comunidades de acogida. El fenómeno migratorio ha adquirido en las últimas décadas dimensiones inéditas, con impactos demográficos, económicos, políticos y sociales que transforman los territorios receptores (Sassen, 2015). México ha pasado de ser un país eminentemente de tránsito a consolidarse como lugar de retorno, origen y destino de personas migrantes internacionales (Ramírez y Castillo, 2012). La Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2022a) reportó un aumento considerable de personas en tránsito en varios puntos de México y Centroamérica, incluyendo flujos sin precedentes provenientes de Venezuela, Cuba, Haití y diversos países de África, Asia y Europa, así como una presencia significativa de mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas indígenas, personas con discapacidad y población LGBTQ+. En 10 México, tres de las cinco entidades con mayor concentración de población migrante son fronterizas (Baja California, Chihuahua y Nuevo León), lo que evidencia su papel como zonas de recepción, tránsito y asentamiento prolongado. Sontag et al. (2022) sostienen que las ciudades en regiones limítrofes no deben entenderse como espacios marginales, sino como zonas de contacto estratégico, y recupera la distinción entre frontera y límite para subrayar que la frontera es una zona de transición dinámica donde se negocian identidades, pertenencias y nuevas formas de gobernanza transnacional, así mismo destacan el papel de los gobiernos locales y de las iniciativas de la sociedad civil en la ampliación de los derechos políticos de las personas migrantes, mostrando cómo las ciudades pueden constituirse en espacios clave para la democratización y la inclusión política. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda (INEGI, 2021), en 2020 residían en Baja California alrededor de 152 377 personas nacidas en otro país; Tijuana y Mexicali albergan aproximadamente a una de cada diez personas extranjeras que viven en México. De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP, 2022), la mayoría de la población extranjera residente en Baja California es de origen estadounidense, situación asociada a la intensa dinámica transfronteriza, mientras que las comunidades de Honduras, El Salvador, Guatemala y Haití constituyen en conjunto el 6.3 %. Según la Unidad de Política Migratoria (2022), se trata de una población mayoritariamente joven, con potencial para contribuir al desarrollo económico del estado; no obstante, analizar esta situación únicamente desde una perspectiva económica como si la inclusión laboral garantizara por sí misma la integración social reduce a las personas migrantes a su valor productivo, pues contar con un empleo no se traduce necesariamente en bienestar, estabilidad o inclusión plena. Estos desafíos complican el logro de la cohesión social, entendida como un bien público cuya existencia beneficia la convivencia de todos los miembros de la sociedad y no solo de las personas migrantes. Cobigo, Ouellette-Kuntz, Lysaght y Martin (2012) identifican cuatro elementos clave para alcanzarla: los lazos sociales, la confianza, los valores compartidos y el sentido de pertenencia. Jenson (1998, 2002) advierte que distinguir entre quienes son reconocidos como miembros de la sociedad y quienes no lo son produce patrones de inclusión y exclusión con efectos directos en el acceso a derechos, servicios y beneficios de las políticas públicas. En muchas percepciones predominantes, las personas migrantes son concebidas como ajenas a la comunidad local, lo que refuerza su condición de alteridad y, al situarlas como no miembros, amplía las brechas de desigualdad y vulnerabilidad.